Una preocupante escalada de mensajes intimidatorios en escuelas de Salta encendió las alarmas de las autoridades provinciales. El fenómeno, vinculado a un “reto viral” que circula a nivel nacional e internacional, ya derivó en 135 actuaciones judiciales y policiales, además de 17 demoras y 6 detenciones, en el marco de causas por intimidación pública.

La gravedad de la situación motivó una reunión urgente encabezada por el procurador general Pedro García Castiella, junto a la ministra de Educación Cristina Fiore Viñuales, el ministro de Seguridad Gaspar Solá Usandivaras y el coordinador de Fiscales Pablo Rivero. El objetivo fue evaluar el impacto de estos hechos y coordinar respuestas ante una problemática que creció rápidamente en la última semana.

Escuelas bajo presión, pero sin suspensión de clases

Desde el Ministerio de Educación aseguraron que no se interrumpió el dictado de clases en ningún establecimiento, aunque reconocen que la situación genera fuerte preocupación en las comunidades educativas. Se activaron protocolos internos y ya se analizan posibles sanciones disciplinarias para los responsables.

Además, destacaron la implementación de una normativa reciente que incluye herramientas específicas para abordar casos de bullying, ciberacoso y violencia entre pares, lo que permitió una respuesta más rápida ante estos episodios.

Riesgo penal y responsabilidad de los padres

Desde el área de Seguridad remarcaron el fuerte despliegue policial en tareas preventivas y advirtieron que los hechos no son “bromas”: pueden constituir delitos con consecuencias penales concretas. En ese sentido, también subrayaron la responsabilidad legal de los padres o tutores por las conductas de los menores involucrados.

Hacia una unidad de prevención

Entre las medidas en análisis, se evalúa la creación de una unidad de prevención específica, que incluiría la convocatoria a padres y tutores en casos detectados, en línea con la Ley Nacional 26.892 sobre convivencia escolar.

Trabajo conjunto y nuevas capacitaciones

Las autoridades coincidieron en la necesidad de reforzar el trabajo articulado entre Educación, Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. El foco estará puesto no solo en la investigación de los casos, sino también en la prevención y detección temprana.

En ese marco, se prevé avanzar en capacitaciones para docentes, fuerzas de seguridad y operadores del sistema, buscando frenar la propagación de este tipo de conductas antes de que escalen.

El fenómeno deja en evidencia cómo los desafíos virales pueden cruzar rápidamente el límite de lo digital para convertirse en un problema real, con consecuencias legales y sociales. La situación en Salta ya es crítica y las autoridades buscan contenerla antes de que alcance mayor magnitud.