La Justicia exigirá la devolución de $85.000 millones tras el fallo contra Cristina Kirchner

El fiscal Diego Luciani pedirá la restitución inmediata de los fondos defraudados al Estado; podrían subastarse más de 20 inmuebles y millones de dólares

Luego del fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, la Justicia avanza con medidas patrimoniales de alto impacto: el fiscal federal Diego Luciani solicitará que los condenados reintegren al Estado los fondos públicos desviados, estimados en 85 mil millones de pesos. Si no lo hacen en un plazo de 10 días hábiles, se iniciará el proceso de ejecución sobre sus bienes personales.

La causa determinó que una estructura liderada por el empresario Lázaro Báez fue beneficiada con obras viales asignadas de manera irregular durante los gobiernos kirchneristas. Un dato revelador es que el 50% de esas obras fueron abandonadas, con niveles de avance técnico que apenas alcanzan entre el 16% y el 36%, pese a que los contratos fueron cobrados en su totalidad.

Remates y embargos: lo que podría perder la familia Kirchner

En caso de incumplimiento, se rematarían bienes valuados en cientos de millones de dólares. Entre ellos figuran 27 propiedades registradas a nombre de la familia Kirchner, cinco cocheras en el exclusivo Madero Center, y las firmas Hotesur y Los Sauces, a través de las cuales se administraban hoteles y emprendimientos inmobiliarios. También se encuentran bajo custodia judicial 4,6 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner y otro millón depositado en una cuenta bancaria a su nombre.

La medida podría alcanzar incluso a los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia, ya que algunas propiedades fueron transferidas por Cristina Kirchner a su nombre en años recientes.

Lázaro Báez, por su parte, enfrenta el posible embargo y posterior ejecución de al menos 60 propiedades, muchas de ellas ubicadas en la Patagonia.

Un reclamo postergado durante el gobierno anterior

El pedido de restitución de fondos y la ejecución de bienes había quedado sin avance durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, con el aval del máximo tribunal y la reactivación de los procesos por parte del Ministerio Público Fiscal, el Estado busca recuperar parte del daño económico causado por el entramado de corrupción.

Otro caso bajo la lupa: fondos desviados en Corrientes

En paralelo, esta semana se conoció que José Ottavis, exdirigente de La Cámpora, está siendo investigado por el manejo irregular de fondos públicos a través de la asociación civil “Amarte Argentina”, radicada en Corrientes. La entidad habría recibido 11 mil millones de pesos del FISU (Fondo de Integración Socio Urbana) para obras que no se ejecutaron. Aunque ese monto ya es significativo, representa solo una octava parte de lo reclamado en la causa Vialidad.

Con estas acciones, la Justicia pretende marcar un antes y un después en la ejecución de penas vinculadas a delitos de corrupción, con el objetivo de resarcir el daño a las arcas públicas y recuperar la confianza en las instituciones.