Ciudad Autónoma de Buenos Aires – El relevamiento encontró diferencias entre los registros del área de Presupuesto y Contabilidad y los de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. La Justicia investiga además presuntas irregularidades en compras de medicamentos e insumos.

Una auditoría realizada sobre la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó una diferencia de $158.717 millones entre distintos registros internos de deuda del organismo. El hallazgo se suma a la investigación judicial que analiza presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos durante la gestión de Diego Spagnuolo.

Según el informe, la diferencia exacta fue de $158.717.131.557,63 al comparar los listados de la denominada “Deuda Exigible”. El relevamiento tomó información de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), que presentaron cifras diferentes sobre los compromisos pendientes.

La auditoría abarcó el período comprendido hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que el Gobierno desplazó a Spagnuolo y a otros funcionarios de la entonces ANDIS. El trabajo incluyó el análisis de pagos a droguerías, deudas, contratos, empleados, cajas chicas, equipos electrónicos y declaraciones juradas.

Una deuda que quedó bajo la lupa

De acuerdo con el relevamiento, la DNASS informó una deuda superior a la registrada por el área contable. Fuentes vinculadas al funcionamiento administrativo del organismo explicaron que una diferencia de este tipo puede producirse cuando una dependencia asume un compromiso de pago pero la documentación necesaria todavía no completó el circuito administrativo para que sea reconocida contablemente.

La auditoría, sin embargo, no detalló cómo se compone exactamente la totalidad de los $158.717 millones de diferencia.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que pusieron a disposición de la Justicia la información requerida y que continuarán colaborando con la investigación.

La DNASS también aparece mencionada dentro de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en contrataciones. Allí se analizan, entre otras cuestiones, procedimientos de compra, diferencias de precios y el cumplimiento de los mecanismos administrativos.

Un medicamento que quedó como ejemplo

Uno de los casos incorporados a la investigación está relacionado con el medicamento Macitentan, utilizado para tratamientos de patologías complejas.

Según la información difundida sobre el expediente, en noviembre de 2024 una unidad fue adquirida mediante una compulsa abierta por aproximadamente $411.764, mientras que en compulsas reducidas realizadas durante el mismo mes se registraron adjudicaciones cercanas a los $8,3 millones. La diferencia es uno de los elementos que analiza la Justicia.

Las autoridades judiciales investigan si existieron sobreprecios, procedimientos administrativos irregulares y posibles retornos vinculados con las contrataciones. Se trata, hasta el momento, de hipótesis dentro de una causa en trámite.

También cuestionaron el uso del “Legítimo Abono”

Otro de los puntos señalados por la auditoría fue el uso de la figura de “Legítimo Abono”, un mecanismo utilizado para reconocer y pagar bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados sin que previamente se hayan completado los procedimientos ordinarios de contratación.

El informe observó que la exANDIS continuaba utilizando este mecanismo y señaló que, hasta la fecha de corte, solamente se habían iniciado seis procedimientos formales de compra vinculados con esos servicios.

La observación está relacionada con la transparencia y la competencia entre proveedores, ya que la ausencia de procedimientos competitivos dificulta comparar ofertas y establecer si la alternativa elegida era la más conveniente para el Estado.

Casi $480 mil millones en medicamentos e insumos

La auditoría también relevó los pagos realizados a prestadores de medicamentos e insumos entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.

El monto total alcanzó los $479.504 millones. Dentro de ese universo, la empresa Suizo Argentina concentró el mayor monto, con aproximadamente $108.258 millones, principalmente vinculados con medicamentos del programa PACBI. La compañía negó cualquier relación con las irregularidades investigadas y sostuvo que desarrolla sus actividades de manera lícita.

Por su parte, desde el entorno del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, sostuvieron que el funcionario no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no evaluaba precios ni adjudicaba órdenes de compra. Spagnuolo también negó ante la Justicia haber participado de un esquema de sobreprecios.

La investigación judicial continúa ahora con el análisis de documentación, contrataciones y proveedores, mientras también avanzan las pericias sobre los audios atribuidos al exfuncionario que dieron origen al caso. Algunas defensas cuestionaron esas grabaciones y solicitaron la nulidad de la causa.

Por ahora, el desfasaje de $158 mil millones aparece como uno de los principales puntos detectados por la auditoría sobre el funcionamiento administrativo de la exANDIS y deberá ser explicado con mayor precisión a medida que avance la investigación.